Redacción BGN.- Durante muchos años, el Tecnológico de Acapulco cargó una fama que lo perseguía dentro y fuera del sistema: la de ser un plantel conflictivo. No era sólo una etiqueta injusta ni una exageración mediática. Era, más bien, el reflejo de una institución atrapada en disputas internas, inercias de poder y, en muchos casos, en una opacidad que dificultaba entender cómo y por qué se tomaban ciertas decisiones.

Por eso la llegada de Salvador Herrera Soriano a la dirección, en 2019, no podía ser tersa. Cuando en una institución se intenta mover aquello que durante años nadie quiso tocar —incluyendo prácticas que operaban bajo esquemas poco transparentes—, lo natural no es el aplauso inmediato, sino la resistencia. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Acapulco.
Desde entonces, el conflicto con una parte del sindicalismo no sólo exhibió diferencias laborales o personales. Lo que realmente puso sobre la mesa fue una disputa de fondo: quién decide dentro del Tecnológico, bajo qué reglas y en beneficio de quién. La discusión sobre plazas docentes fue, quizá, el episodio más claro. La emisión de convocatorias abiertas para decenas de vacantes y la defensa pública de un “piso parejo” para concursarlas marcaron un intento por dejar atrás la discrecionalidad y avanzar hacia procesos más transparentes.

No se trata de decir que todo cambió de la noche a la mañana ni de pintar un escenario perfecto. El conflicto siguió, las presiones no desaparecieron y las acusaciones cruzadas continuaron. Pero precisamente ahí está el punto: cuando un director deja de administrar inercias —muchas de ellas sostenidas en la opacidad— y empieza a confrontarlas, el costo político suele ser alto. Gobernar una institución pública no siempre significa quedar bien con todos; a veces significa incomodar a quienes se habían acostumbrado a decidir sin reglas claras o a influir donde ya no les corresponde.
Lo más interesante es que el cambio en Acapulco no sólo se ha visto hacia adentro. También ha tenido efectos en la manera en que el plantel vuelve a ser observado dentro del sistema nacional. Que el campus haya sido sede de eventos académicos y culturales de gran escala no es un dato menor. Es una señal de confianza institucional. Difícilmente se deposita esa responsabilidad en un plantel que el sistema considere inviable, rebasado o incapaz de conducir procesos mayores.

A ello se suma otro elemento: la capacidad de sostener operación, reconstrucción y resultados aun después del golpe devastador de Otis. En vez de hundirse en la narrativa del desastre permanente, el Tecnológico de Acapulco se mantuvo de pie, siguió formando estudiantes, fortaleciendo convenios y proyectando actividad académica. Eso también habla de conducción.
Tal vez el principal mérito de Salvador Herrera no esté en haber acabado por completo con los problemas del Tecnológico, porque sería una afirmación excesiva. Su mérito, más bien, parece estar en haber roto la comodidad del viejo arreglo, en haber demostrado que ciertas decisiones sí podían tomarse de otro modo y en haber devuelto al campus la posibilidad de ser visto no sólo por sus pleitos, sino también por su capacidad institucional.

Cambiar una cultura de poder nunca es un proceso limpio. Genera resistencia, enojo y desgaste. Pero hay instituciones que sólo pueden empezar a sanearse cuando alguien se atreve a tocar lo que parecía intocable. Y acaso eso sea lo que hoy distingue al Tecnológico de Acapulco: no la ausencia de conflicto, sino el hecho de que el conflicto ya no gira únicamente en torno a quién manda, sino también en torno a la defensa de reglas distintas.
Si algo deja esta etapa, es una lección que rebasa a Acapulco. En muchas instituciones públicas del país, romper con viejas prácticas no produce popularidad inmediata; produce ruido. Pero a veces ese ruido es la primera señal de que, por fin, algo se está moviendo. Y en ese movimiento, Acapulco comienza a perfilarse no sólo como un caso particular, sino como una referencia de lo que puede ocurrir cuando se decide confrontar inercias que durante años parecían intocables.
No como un modelo perfecto ni acabado, pero sí como un ejemplo que invita a otras instituciones en Guerrero y en México a replantear sus propias dinámicas internas, especialmente ahí donde la opacidad y los viejos esquemas de control siguen siendo la norma.
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